Castell de Ferro solicita el cierre del acceso al castillo para rehabilitarlo

Castell de Ferro solicita el cierre del acceso al castillo para rehabilitarlo

  • La propiedad del inmueble está embargada por una deuda de 500.000 euros de la que el Ayuntamiento no se puede hacer cargo al ser privada

El Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro está pendiente de que la Junta autorice el cierre del acceso a su castillo, en estado ruinoso y dentro de una propiedad de una constructora en quiebra, para frenar su deterioro y afrontar su rehabilitación cuando los trámites pendientes así lo permitan.

Según ha explicado la alcaldesa de Gualchos-Castell de Ferro, Antonia Antequera, la propiedad en que está el castillo está embargada por una deuda de alrededor de 500.000 euros de la que el Ayuntamiento no se puede hacer cargo al ser privada.

Tras el informe de la Universidad de Granada (UGR), concluido en mayo en el marco de un convenio con el Ayuntamiento, sobre el castillo de Castell de Ferro, se puso en marcha una orden de actuación, que está pendiente del visto bueno de la Junta para cerrar el recinto fortificado, que es Bien de Interés Cultural.

El documento del Departamento de Geodinámica de la UGR, del que ha informado este lunes el diario ‘Granada hoy’, advierte del peligro de derrumbe del inmueble, afectado por terremotos históricos de alta y media magnitud.

Por otro lado, el Ayuntamiento mantiene también contactos con Patrimonio del Estado para que ejecute el embargo, de tal modo que el castillo pudiera ser público y revertir en el desarrollo socioeconómico del pueblo, ha detallado Antequera.

El objetivo sería poder aspirar a una de las ayudas con cargo al 1,5 por ciento cultural del Gobierno para obras en recintos patrimoniales como el castillo de Castell de Ferro, cuyos orígenes se remontarían a los siglos XII-XIII.

La alcaldesa ha señalado que, tras un encuentro con científicos, técnicos y vecinos sobre el estado del castillo de Castell de Ferro, el Ayuntamiento va a potenciar la participación en torno al proyecto para su rehabilitación de tal modo que haya un «movimiento social» que lleve a las administraciones superiores a actuar.

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