El PP exige al Gobierno los 750 millones que adeuda a las entidades locales por las entregas a cuenta del IVA del 2017

• Jorge Saavedra, secretario general del PP granadino, avanza que también instarán al ejecutivo de Sánchez a poner en marcha el fondo para la reconstrucción local de 3.000 millones y el fondo para paliar el déficit del transporte público local de 1.000 millones 

El PP de Granada elevará iniciativas al pleno de los distintos ayuntamientos de la provincia para exigir al Gobierno de España el ingreso de los 750 millones que adeuda a las entidades locales, en concepto de entregas a cuenta de la recaudación del IVA del año 2017. Una recaudación que también adeuda en el caso de las comunidades autónomas. Así lo ha avanzado esta mañana el secretario general de la formación popular, Jorge Saavedra, quien ha reclamado al ejecutivo de Sánchez que “deje de discriminar a los ayuntamientos”, la administración más cercana al ciudadano, y a los que, a su juicio, el PSOE ha dado la espalda durante la gestión de la pandemia.

Mediante dicha iniciativa, los populares instarán también al ejecutivo de Sánchez a que “ponga en marcha el fondo para la reconstrucción local de 3.000 millones” y el “fondo para paliar el déficit del transporte público local de 1.000 millones” que el PP ya le ha reclamado. A ello le ha sumado otra exigencia: que el Gobierno de España permita a los ayuntamientos gestionar el “14,6% de los fondos de recuperación europeos” y que se presente “un proyecto de ley de modificación del actual sistema de financiación local que aporte seguridad jurídica y una financiación adecuada a las entidades locales”.

Saavedra ha relatado que en agosto de 2019 el Gobierno de España “afirmó que un gobierno en funciones no podía actualizar el sistema de financiación autonómica ni local y justificaron dicha posición argumentando un inexistente informe de la Abogacía del Estado, que más adelante rebajó al nivel de consultas verbales”.

En octubre de 2019, prosiguió, “el ejecutivo anunció que sí actualizaría los pagos de las entregas a cuenta de comunidades autónomas y entidades locales, tras haber desaparecido los supuestos impedimentos legales que esgrimía meses antes”.

Si embargo, en el año 2020, la ministra Montero afirmó, en una comparecencia posterior al Consejo de Ministros del 28 de enero, que no devolvería los 2.500 millones del IVA de 2017 a las comunidades autónomas y dijo que esa cantidad «no existía». Negativa que hizo extensiva a las Entidades Locales en la sesión de la Comisión Nacional de Administración Local, celebrada el día 10 de febrero de 2020.

Un año después, el Tribunal Supremo “ha avalado” que Sánchez y Montero “discriminaron tanto a las comunidades autónomas como a las entidades locales al decidir, conscientemente, no atender sus obligaciones legales y no pagarles el IVA que les adeuda del ejercicio 2017”.

Se ha referido así a la decisión de la sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal, que ha estimado el recurso planteado en 2020 por la comunidad autónoma de Castilla y León, estableciendo mediante sentencia, y entre otros aspectos, que “se vulneró el derecho a la autonomía financiera de las comunidades autónomas, y por tanto también la de las entidades locales” y que el Gobierno “no aplicó el principio de lealtad institucional”.

Una consideración del alto tribunal que Saavedra ha definido como un “nuevo revés” que ha recibido el gobierno de Sánchez y una “buena noticia” que ha hecho extensiva a los ayuntamientos de la provincia y de toda España.

El secretario general del PP de Granada ha considerado que los ayuntamientos y comunidades autónomas han llevado el peso de la gestión de la pandemia, ante la ineficacia y dejación de funciones del gobierno de Sánchez. Tal y como declaró, el ejecutivo central, no solo ha dejado a las entidades locales a su suerte, sin pagarles las ayudas que le ha comprometido para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia, sino que tampoco les abona lo que les debe, como es el caso de la citada recaudación del IVA. “No estamos hablando de un favor, sino de algo justo puesto que es un dinero que se le debe”, declaró. Por ello Saavedra ha exigido al Gobierno de España que “cumpla” con lo dictado por el Tribunal Supremo tras el recurso puesto por Castilla y León, pagando también la recaudación del IVA que adeuda a los ayuntamientos de la provincia de Granada y que los alcaldes necesitan, “hoy más que nunca”, para seguir atendiendo las necesidades de sus vecinos.