El PP resalta que 40.000 viviendas tendrán un marco normativo para su regularización con la Lista
El secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, ha destacado que la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) va a suponer en la capital, el cinturón y la provincia en general una norma que favorecerá el crecimiento ordenado de los municipios, ofreciendo «seguridad jurídica a los ayuntamientos» y fortaleciendo el cumplimiento de las normas urbanísticas permitiendo que alrededor de 40.000 viviendas irregulares de la provincia cuenten con un marco normativo para regularizar su situación.
La ley, que atiende a la diversidad de municipios, crea la figura del Plan Básico, más simple y con menor contenido para los municipios menores a 10.000 habitantes que no sean litorales y no formen parte de aglomeraciones urbanas, salvo que la planificación territorial considere la conveniencia de su aplicación por lo que 103 municipios, el 60 por ciento de los granadinos, podrán redactar un Plan General Básico.
«Tres de cada cinco municipios de Granada podrán aprobar en tres años sus PGOU gracias a la Lista que hace más sencillo el urbanismo, y lo hace no desregularizando el sector, sino estableciendo reglas claras y sencillas, adaptadas a la realidad, fáciles de entender y aplicar. Por eso establece claramente dos tipos de suelo, el rústico y el urbano», ha explicado en una nota de prensa.
«La Lista regula y ordena por fin el suelo rústico en Granada resolviendo la situación a los propietarios de viviendas irregulares prescritas, no permitiendo asentamientos irregulares, solucionando los que existen, y ofreciendo oportunidades a la Andalucía vaciada» por lo que «será mucho más fácil vivir en los pueblos».
El secretario del área de Urbanismo y Ordenación del Territorio del PP granadino, Antonio Granados, ha hecho hincapié en como «la Lista es una oportunidad de desarrollo para los pequeños municipios, frena la despoblación, regula por fin el suelo rústico, resuelve la situación a los propietarios de viviendas irregulares y acaba con 20 años del laberinto burocrático que dejaron los socialistas, que acabaron convirtiendo la ordenación del territorio en un auténtico caos legislativo que ha obstaculizado enormemente una buena planificación del territorio andaluz y que ha permitido más de 350.000 viviendas irregulares».
Para terminar, la vicesecretaria del Partido Popular de Granada, y también alcaldesa de Cájar, Mónica Castillo, ha destacado que es una «ley transformadora, verde, que protege el patrimonio histórico y natural, la idiosincrasia y paisaje humano de cada municipio», además de «profundamente municipalista».
