IU Guadix plantea ante el pleno la aprobación de una moción institucional para blindar el programa de Intervención Social en la ciudad

• Han afeado a la edil de Servicios Sociales, Encarni Pérez, que no haya dado respuestas sobre la continuidad de los planes de actuación y que los fondos europeos “sigan llegando” para garantizar un trabajo necesario en las zonas de intervención

IU Guadix ha elevado un conjunto de propuestas ante el pleno municipal para impulsar desde la institución “la protección y puesta en marcha” de los programas de Intervención Social en las zonas desfavorecidas de la ciudad, “y así combatir la desigualdad y blindar el empleo esencial de los profesionales”.

Así las cosas, concejal de IU y portavoz de Unidas Podemos, Manuel Ortiz, ha animado a todos los grupos a sumarse a la iniciativa para instar, tanto a la Junta de Andalucía como a Diputación provincial, a seguir gestionando este programa a través de los fondos europeos y “permitir la empleabilidad de los profesionales que trabajan cada día contra la exclusión social”.

La diputada de IU y coordinadora de IU Granada, Mari Carmen Pérez, también ha asistido a la presentación de la moción en la ciudad accitana, que será registrada en municipios y Diputación, y ha alertado que este programa de intervención social corre el riesgo de “finalizar”. Según ha matizado, el programa concluía en diciembre de 2022, “pero atendiendo a la información del Gobierno andaluz, finalizará en agosto de 2022, por lo que seis profesionales de Guadix, y hasta 128 en la provincia, se quedarían sin empleo”.

La merma de profesionales, ha subrayado Pérez, “supondrá que durante un período prolongado de tiempo las familias no contarán con las herramientas necesarias para desarrollar su día a día con dignidad”. La Junta de Andalucía, a juicio de la coordinadora provincial, debe solicitar con celeridad la ejecución del programa de intervención. “La Junta de Andalucía no puede dejar en el limbo durante meses a miles de familias, debe hacer un esfuerzo por hacer cumplir con los objetivos”, a lo que ha añadido que “el programa recibe un 80% de la financiación de los fondos europeos y sólo un 20% corresponde a la aportación del Gobierno andaluz”.

Del mismo modo, la diputada provincial ha rescatado el papel de la Diputación provincial en la ejecución de estos planes y ha exigido a la institución “más coordinación” entre administraciones y “agilidad” para establecer criterios acordes a la realidad de los municipios. “Un municipio de 5.000 habitantes cuenta con seis profesionales, pero una ciudad de 20.000 cuenta con la misma cifra de trabajadores, esto es, a todas luces, un despropósito”.

La delimitación de las zonas de actuación en los municipios también ha sido recogida por la coordinadora como “uno de los problemas a resolver”. Según ha advertido, el criterio del municipio ha de primar en las zonas de actuación, “puesto que conocen y tienen la información de primera mano, si no, nos encontraremos que dentro de una misma zona hay calles que se acogen al programa y otras no”.

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos por Andalucía en el Parlamento andaluz, Chus Fernández, ha afeado al Gobierno andaluz el recorte presupuestario de hasta 110 millones destinados a la REMISA. Así, ha lamentado que, para el actual Presidente andaluz, “la lucha contra la desigualdad quede en un segundo plano”. Esto es, según ha rescatado ante los medios, los datos del Defensor del Pueblo andaluz ilustran que uno de cada cuatro niños está en riesgo de pobreza y exclusión, “pero el Gobierno prioriza la tramitación parlamentaria de la explotación a Doñana y ningunea la lucha contra la pobreza de miles de familias”.

Entre las propuestas presentadas ante el Parlamento andaluz, Fernández ha rescatado la prestación a niños y niñas de 1200 euros, hasta la mayoría de edad, de familias con escasos recursos, la bonificación de las actividades extraescolares y la lucha contra la obesidad infantil.

El diputado granadino ha tachado de “fundamental” el mantenimiento y refuerzo del programa de intervención en todas las zonas de la provincia de Granada. “El 80% de las familias andaluzas están sufriendo pérdidas de ingresos, necesitamos coordinación real entre consejerías e información detallada de las actuaciones que se llevan a cabo en las zonas desfavorecidas para actuar con la máxima rapidez posible”, ha zanjado.