La Junta cifra en unas 25.000 las viviendas irregulares en la provincia de Granada
- La mayoría se encuentran en el Altiplano, la Alpujarra o en la Costa Tropical
La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha indicado este lunes que en la provincia de Granada hay una estimación de unas 25.000 viviendas irregulares, buena parte de ellas en el Altiplano, la Costa Tropical –en los límites con Málaga y Almería– o en la Alpujarra.
Carazo ha dado a conocer estos datos con motivo de una reunión informativa celebrada en Granada con alcaldes, técnicos municipales y representantes de distintos municipios para explicar el Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares.
La consejera ha resaltado la importancia de esta ronda de contactos con los ayuntamientos de todas las provincias andaluzas, ya que «las administraciones locales son una pieza esencial a la hora de impulsar el decreto ley», bien a través de la declaración de Asimilado Fuera de Ordenación (AFO) en el caso de las viviendas aisladas, o bien a través de la redacción de planes especiales municipales en el caso de los asentamientos irregulares.
Ha indicado que existe una estimación de 25.000 viviendas irregulares en la provincia de Granada y, aunque es un problema global, ha indicado que buena parte de ellas se sitúan en el Altiplano, la Costa Tropical –en los límites con Málaga y Almería– o la Alpujarra.
«La casuística es muy variada y por eso es de vital importancia estas reuniones con los responsables y técnicos municipales», ha manifestado, recalcando que el decreto ley quiere dar una respuesta definitiva a la problemática de las viviendas irregulares, aunque «no se trata de ninguna amnistía».
SIN FALSAS EXPECTATIVAS
«No queremos generar falsas expectativas a nadie», ha indicado la consejera, que recuerda que no se pueden acoger al decreto las viviendas donde no haya prescrito el expediente sancionador o que ocupen suelos protegidos.
El decreto ley tiene entre sus objetivos poner fin a la complejidad urbanística y se vuelca en dos cuestiones: la protección ambiental y la simplificación de los trámites.
El decreto amplía la declaración de AFO y permitirá a los propietarios, tras realizar los trámites correspondientes, acceder al Registro de la Propiedad, servicios básicos como la luz, el agua y el alcantarillado, así como realizar otras obras de reparaciones.
Se establecen dos excepciones claras: el que la vivienda esté en plazo para restablecer la legalidad (seis años desde su construcción) o con sentencia, o aquellas que se asienten sobre suelo de especial protección.
Los municipios podrán formular, de forma inmediata, un plan especial para la agrupación de viviendas concretas que, se prevé, se pueda resolver en un plazo de entre 12 y 18 meses, frente a los nueve años de media que llevaba hasta ahora la aprobación de un Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU).
Los ayuntamientos deberán asimismo prever una serie de servicios mínimos como equipamientos públicos o zonas verdes si pretenden incorporar un asentamiento como urbano o urbanizable.
