Ordenan investigar la supuesta adjudicación de tareas docentes a maestros en un instituto
La Audiencia Provincial ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 2 de Granada que investigue la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa en la dirección del instituto Cartuja de la capital granadina el curso pasado, coincidiendo con las restricciones para frenar la expansión del coronavirus, unas diligencias que en primera instancia habían sido archivadas, en el marco de un proceso promovido por la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA).
Así consta en un auto, dictado con fecha 6 de abril de 2022 por la Sección Primera de la Audiencia, al que ha tenido acceso Europa Press, y que estima el recurso de apelación planteado por la APIA contra el «sobreseimiento provisional y archivo de las presentes diligencias previas».
Según ha informado esta asociación, la dirección habría permitido que «dos docentes del cuerpo de maestros, de la especialidad de Pedagogía Terapéutica, impartieran docencia de asignaturas de 1º, 2º y hasta 3º de la ESO, durante el curso 2020/2021, así como que uno de ellos ejerciera la tutoría de un grupo» de Secundaria «en su totalidad».
Los responsables del instituto habrían actuado «al amparo de la situación general provocada por la covid-19», ha señalado la APIA, con la elaboración de «unos horarios», que habrían dado «vía libre a semejante exceso, presuntamente delictivo».
Los dos docentes, pertenecientes al cuerpo de maestros, de la especialidad de Pedagogía Terapéutica, «solo estaban autorizados –legalmente– a desempeñar, en un instituto de Educación Secundaria», funciones de «apoyo» en la «atención a la diversidad» de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, han indicado desde la APIA.
La Inspección educativa supervisó los hechos denunciados en sede judicial ,así lo han señalado fuentes consultadas en la Delegación de Educación y Deporte de la Junta en Granada, después de que la Audiencia Provincial haya ordenado al Juzgado de Instrucción número 2 de Granada que investigue la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa en la dirección del instituto Cartuja de la capital granadina el curso pasado, coincidiendo con las restricciones para frenar la expansión del coronavirus, unas diligencias que en primera instancia habían sido archivadas, en el marco de un proceso promovido por la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA).
Una vez que los hechos se pusieron en conocimiento de la Administración, y de acuerdo con la valoración de la normativa de aplicación, la Inspección solicitó esta subsanación que afectaba al trabajo de docentes del cuerpo de maestros destinados al instituto.
Consta, según ha proseguido Educación, «que el centro procedió a su subsanación y el ajuste a la normativa, conforme a lo requerido por la Inspección» por lo que, por parte de la Delegación Territorial, «no fue necesario realizar actuaciones adicionales».
En el auto dictado con fecha 6 de abril de 2022 por la Sección Primera de la Audiencia, al que ha tenido acceso Europa Press, se estima el recurso de apelación planteado por la APIA contra el «sobreseimiento provisional y archivo de las presentes diligencias previas».
Según ha informado esta asociación, la dirección habría permitido que «dos docentes del cuerpo de maestros, de la especialidad de Pedagogía Terapéutica, impartieran docencia de asignaturas de 1º, 2º y hasta 3º de la ESO, durante el curso 2020/2021, así como que uno de ellos ejerciera la tutoría de un grupo» de Secundaria «en su totalidad».
Los responsables del instituto habrían actuado «al amparo de la situación general provocada por la covid-19», ha señalado la APIA, con la elaboración de «unos horarios», que habrían dado «vía libre a semejante exceso, presuntamente delictivo».
Los dos docentes, pertenecientes al cuerpo de maestros, de la especialidad de Pedagogía Terapéutica, «solo estaban autorizados –legalmente– a desempeñar, en un instituto de Educación Secundaria», funciones de «apoyo» en la «atención a la diversidad» de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, han indicado desde la APIA.
Por parte de Educación, se actuó «en las tareas de supervisión y ajuste a la normativa administrativa de forma inmediata», han indicado desde la Delegación, que ha resaltado que no le compete «la valoración técnica sobre la suficiente justificación del sobreseimiento provisional que fue acordado por el Juzgado que resolvió la denuncia interpuesta en primera instancia».
