Podemos-IU exige al Ayuntamiento de Granada un parque público de vivienda en alquiler social
- La confluencia considera “lamentable” que la política de vivienda del Gobierno municipal sea la “especulación pura y dura”
Los concejales de la confluencia Elisa Cabrerizo y Francisco Puentedura han visitado el edificio propiedad de Vigsosa, situado en la calle Julio Moreno Dávila del Distrito Norte y que se encuentra vacío por la negativa de la Diputación de Granada, institución propietaria de las 24 viviendas de este bloque, a modificar su calificación para que pasen de ser vendibles a alquilables.
“Este edificio es un ejemplo claro de la falta de coordinación entre administraciones y el mal uso del dinero público”, ha apuntado el edil Puentedura, quien ha recordado que el bloque de 24 viviendas costó 5 millones de euros y es un “bien muerto” desde 2010.
En este sentido, Podemos-IU cree que sólo bastaría con que el Ayuntamiento de la capital y la Diputación firmaran un acuerdo para destinar el edificio a alquiler social para luego pasar a formar parte de un futuro parque público de vivienda del Consistorio.
La concejala Elisa Cabrerizo ha lamentado que el Ayuntamiento de Granada no tenga un plan de vivienda a pesar de que “es una cuestión de urgencia social”. La edil plantea que la Oficina Social de la Vivienda podría ser la gestora de un listado de viviendas de particulares, de las 800 casas que la Junta de Andalucía tiene en propiedad en la capital nazarí, las de las entidades bancarias en manos del banco malo, las 65 del Consistorio, de las cuales 10 de ellas están vacías, y las de Diputación, que cuenta con 95 en la ciudad.
“Es tan fácil y sencillo como que el Ayuntamiento diseñe un parque público de vivienda, que solicite a la Junta el cambio de calificación de venta a alquiler social y que se permita el acceso a una vivienda digna a personas y familias que tienen trabajos precarios o prestaciones con las que podrían pagar el alquiler pero no cuentan con avalista”, ha explicado Cabrerizo. La edil de Podemos-IU ha recordado que en 2008, a través de Cruz Roja, el Ayuntamiento ya avaló a 18 familias y “sólo hubo problemas con una de ellas”.
La confluencia cree que la negativa del Ayuntamiento a diseñar un parque público de viviendas en alquiler social se debe a que “su única política de vivienda es la especulación pura y dura, en lugar de permitir el acceso a las personas que más necesidad tienen”.
