Residencias de nuestra vergüenza

«¿Qué cuántos años tengo? -¡Qué importa eso !
¡Tengo la edad que quiero y siento!
La edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso
Hacer lo que deseo, sin miedo al fracaso o lo desconocido…
Pues tengo la experiencia de los años vividos
y la fuerza de la convicción de mis deseos.
¡Qué importa cuántos años tengo!

Pocas palabras como estos versos de José Saramago, para comprender lo que significa hoy en día ser mayor, en una sociedad en la que gran parte del imaginario colectivo reúne una gran cantidad de ideas erróneas acerca del envejecer.

Estos prejuicios incorporados en la mentalidad de gran parte de la ciudadanía, no surgen azarosamente, sino que son producto del tipo de sociedad a la que pertenecemos, basada en la productividad y el consumo, donde la importancia de los recursos están puestos en los jóvenes y en los adultos que pertenecen a la vida productiva.

La sociedad valora todo aquello que le resulta productivo y fácilmente se considera que las personas mayores no aportan nada, o incluso representan una carga. Salvo casos más que justificados, cada día les excluimos más, apartándolos de nuestro día a día y dejándolos como mero sujeto pasivo que subsiste entre recuerdos y nostalgias … ¿Qué mejor sitio para que nuestra conciencia no nos «moleste» demasiado que una residencia?

Ante este escenario no es de extrañar, que cuando se nos presenta una situación tan dramática como esta que nos ha tocado vivir, los mayores sean «prescindibles». Así de duro, pero así de cierto. Hemos visto como ante una emergencia grave de recursos, en bastantes sitios, no se les han aplicado las medidas de urgencia como es la intubación o la ventilación adecuadas, para así priorizar a los más jóvenes porque tienen más ventajas vitales.

Pero no nos fijemos solo en la tragedia asistencial de esta crisis, hagámoslo en la realidad estructural para decenas de miles de nuestros mayores, que no es otra que la de vivir en una residencia, en la que, por unas y otras circunstancias que no voy a juzgar aquí, transcurre el día a día de todos ellos.

En una sociedad en la que los horarios de trabajo, la incorporación de la mujer al mundo laboral y la prolongada esperanza de vida, hacen poco menos que imposible atender en casa a nuestros mayores, esas residencias son la única y en muchos casos la mejor solución, para atender como se merecen a quienes tanto queremos. Al menos eso pensábamos hasta ahora, porque casi 16.500 mayores que residían en geriátricos han muerto por COVID-19 o con síntomas compatibles (casi 50 en Granada). De ellos, más de 9.000 han fallecido con síntomas del virus, es decir, que no figuran en la estadística oficial de muertos por la pandemia. 55.000 estarían en este momento infectados y el horror que hemos conocido de muchas de esas residencias, ha llevado a la fiscalía a abrir más de un centenar de investigaciones penales, casi la mitad en Madrid.

Que nadie intente escurrir el bulto y ponerse de perfil ante esta tragedia. Por mucho que el PP y Vox intenten hacer creer lo contrario, las competencias sobre las residencias de mayores, han sido y siguen siendo de las comunidades autónomas y buena parte del drama que estamos sufriendo, llega de la gestión previa a la pandemia y de haber consentido que el cuidado de nuestros mayores se haya convertido en un negocio puro y duro, en lo que lo de menos, es su cuidado y lo de más, la cuenta de resultados.

Ahora nos damos cuenta que las residencias de mayores en nuestro país eran una bomba de relojería. De las 5500 residencias para mayores existentes en España son privadas y un 29% públicas, aunque muchas de estas de gestión privada. De las cinco principales compañías del sector, todas con más de 45 geriátricos, dos tienen como principal accionista a fondos de Jersey (Vitalia Home y Colisée), una a un fondo inglés (DomusVi) y otra a un fondo de pensiones de Canadá (Orpea)

En el negocio también están cinco de los hombres más ricos de España: Florentino Pérez, los ‘Albertos’ (Clece), Modesto Álvarez Otero y Carlos Álvarez Navarro (Ballesol) y la quinta fortuna de Francia: la familia Mulliez (Amavir), además de dos grupos controlados por empresarios implicados en el caso Gürtel: el ya condenado Enrique Ortiz (Savia) y el doblemente procesado José Luis Ulibarri (Aralia).

Estos son bolsillos que se embolsan los cientos de millones de euros de dinero público, que cada año salen de las Administraciones en dirección a empresas privadas, a cambio de que cuiden en residencias a nuestros padres y madres. Hoy comprobamos que esos «cuidados» distan mucho de ser los mínimamente exigibles para ellos.

En estos días hemos sabido que la residencia Vitalia Home Leganés, donde han fallecido 96 personas, tiene unos beneficios anuales de un millón de euros y que tres de cada cuatro euros de ingresos de esa residencia, son dinero público de la Comunidad de Madrid para financiar plazas concertadas; también que los familiares de los residentes llevan años protestando por “la falta de personal” en el centro, que redunda en peores cuidados de los residentes. También que más de 150 mayores han fallecido en ocho de las residencias de DomusVi, controlada por un fondo de inversión británico, que tiene además cinco centros de mayores intervenidos por las autoridades de cuatro comunidades y acumula decenas de denuncias de familiares por falta de información, de personal y de medidas de protección.

Cuando esta pesadilla haya pasado, debe ser el momento para replantear seriamente este modelo, en el que el cuidado de nuestros mayores, se ha convertido en un negocio puro y duro. Las consecuencias las vamos a pagar en la pérdida de miles de vida de nuestros padres y abuelos y con ellas, de la historia de nuestras familias y de nuestro país; de las historias de quienes han levantado este país y nos han sacado a flote.

Si el presidente del Gobierno anunció una reforma de la Constitución para blindar la sanidad pública, no estaría mal que en ese blindaje se incluyera garantizar el cuidado de nuestros mayores, con la dignidad exigible para quienes tanto nos han dado.

CATEGORÍAS

COMENTARIOS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Jose Catala 4 años

    Tenemos un problema endémico, y no sólo en España, me explico.  Cuando se trata de un recurso público el dinero se nos va en sueldos de personal superfluo y enchufados, luego te pongo un ejemplo, y cuando el recurso es privado, en los beneficios de la empresa que lo gestiona. 
    El ejemplo, Hospital de La Rivera en Alzira, Valencia, hospital público de gestión privada.  Mi ex pareja, médico con plaza, pide una excedencia para ocupar el puesto de Directora de urgencias, paliativos y atención domiciliaria, a petición del subdirector de dicho hospital que es amigo suyo. Cuando un año más tarde se vuelve a la gestión pública, su puesto es ocupado por dos personas, dos sueldos en vez de uno, per además que casi duplican el suyo. Y eso solo en ese área. 
    Ella ya había dejado el hospital unos meses antes por desavenencias con dirección, tema de contratos de los profesionales, retribuciones de los mismos, etc., (es muy de izquierdas y una peleadora nata). El resumen, que es peor el hambre o las ganas de comer. 
    Y para terminar, buen artículo, felicitaciones. 

  • Disqus ( )