UGT, CCOO y CSIF reivindican las «mejoras» del anteproyecto de Ley de Función Pública

UGT, CCOO y CSIF reivindican las «mejoras» del anteproyecto de Ley de Función Pública

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF han valorado el acuerdo alcanzado en la Mesa General para la nueva Ley de Función Pública, modificada durante la negociación con varias propuestas que han reinvindicado y que consideran que mejoran un texto que es «necesario para la modernización» de la administración.

Las citadas organizaciones han divulgado sus consideraciones en sendos comunicados después de que el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta, Elías Bendodo, haya anunciado que se ha cerrado un acuerdo por unanimidad sobre el contenido de la futura Ley, cuyo tramitación arrancó el pasado febrero y que ahora se debatirá en las mesas sectoriales.

«Las mejoras introducidas en este proyecto normativo son muy sustanciales y novedosas, y se adaptan a las materias que de manera expresa requiere reserva de ley», ha apuntado el secretario general de UGT Servicios Públicos Andalucía, Antonio Tirado. «Aunque hay cuestiones en la que intentaremos seguir avanzando», ha dicho Tirado, el acuerdo logrado en la Mesa «es un paso importante para las y los empleados públicos de la Junta».

UGT ha recordado que han reivindicado durante años que «era urgente dar respuesta a lo que venían reclamando tanto funcionarios como laborales de la administración andaluza, porque solo con el reforzamiento de los servicios públicos es posible conseguir una prestación de calidad para la ciudadanía».

Una opinión con la que ha coincidido la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, quien ha apuntado que «resulta innegable la necesidad de modernización de la Ley de Función Pública de Andalucía» original, aprobada en 1985.

Sin embargo, discrepaban con el texto original del anteproyecto «tanto por los contenidos, como por la ausencia de un auténtico periodo negociador», cuestiones que ahora consideran resueltas gracias a la negociación.

«Los avances más importantes producidos fruto de la negociación se centran en mejoras sustanciales para el personal funcionario; la aplicabilidad de la Ley a otras Administraciones; fundamentalmente, al personal de las Administraciones locales de Andalucía y de las entidades públicas dependientes de ellas, con respeto a la autonomía local y a la legislación básica estatal de la función pública local», ha enumerado.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios en Andalucía (CSIF-A) ha valorado positivamente el acuerdo global alcanzado este jueves en la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatutario y laboral sobre el anteproyecto de Ley de Función Pública de Andalucía y ha confiado en que el texto se mejore durante su trámite parlamentario «para que la norma sea más clarificadora y que garantice sobre las potestades públicas y logre la despolitización real de la Administración andaluza».

Así lo ha explicado tras la reunión de la Mesa General el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, quien ha considerado que Andalucía necesita contar, 36 años después, con una Ley de Función Pública «actualizada y adaptada al siglo XXI, tal y como prevé desde 2007 el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)», al tiempo que ha considerado que «el texto sobre el que se ha alcanzado el citado acuerdo global es mejorable en puntos que nuestra organización considera vitales en defensa y garantía de los empleados y empleadas públicas de Andalucía».

Girela ha subrayado que «las Leyes las elabora el Ejecutivo y las aprueba el Parlamento, si bien ha puesto en valor el trabajo de diálogo y participación en el que CSIF Andalucía ha participado activamente como organización sindical mayoritaria de la Función Pública».

El responsable sindical ha destacado que, por primera vez, se incluye en la regulación al personal de las administraciones locales y de las universidades, y ha subrayado que «será una ley integral, de aplicación a todo el personal de la de la Administración Pública Andaluza, incluyendo además a sanitarios, docentes, Administración de Justicia y el personal propio de los entes instrumentales».

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