Un adelanto electoral al 12 o 19 de junio desactivaría la comisión sobre la Faffe sin que el Pleno apruebe su dictamen

La posible convocatoria de elecciones andaluzas para su celebración el próximo día 12 o 19 de junio, antes del final material de la legislatura en los últimos meses de 2022, traería como consecuencia la desactivación de la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), sin que el Pleno de la Cámara pudiera debatir y votar el dictamen aprobado este mismo mes por los diputados de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox en la propia comisión.

Así ocurriría porque, de acordar el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que las elecciones se celebren el 12 de junio, la convocatoria debería publicarse y entrar en vigor el 19 de abril, para que los comicios se desarrollaran 54 días después, como fija la legislación electoral, mientras que sería el 26 de abril cuando se disolviera el Parlamento si la cita con las urnas es el 19 de junio. Ambas fechas de abril son previas a la de celebración del próximo Pleno, programado para los días 27 y 28 de este mes, y que ya no tendría lugar.

Se da la circunstancia de que, de producirse este adelanto, sería la segunda vez que la comisión de investigación sobre la Faffe quedara desactivada sin culminar su labor, ya que en octubre de 2018 ya se dio ese caso y también por una convocatoria electoral, en aquella ocasión por la que decidió la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para los comicios autonómicos que se celebraron el 2 de diciembre de 2018.

En aquella ocasión, la comisión de investigación, impulsada en su momento por el PP-A, apenas había echado andar tras su creación a principios de septiembre de 2018, con el fin de abundar en la gestión de los fondos públicos, las encomiendas de gestión y subvenciones concedidas a la Faffe desde su creación, y había sido solicitada por el Grupo Popular tras conocerse el presunto uso indebido de tarjetas de crédito de la referida fundación para pagar 14.737 euros en un prostíbulo de Sevilla por parte del ex director general de la Faffe y ex secretario general de Empleo del PSOE en Andalucía, Fernando Villén.

Tras las elecciones de 2018, la comisión de investigación volvió a constituirse en el tramo inicial de la XI Legislatura del Parlamento; en concreto, el 25 de marzo de 2019 con el objetivo de «conocer, analizar y evaluar las posibles irregularidades que hayan tenido lugar en las actuaciones realizadas por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo».

En esta legislatura fue el propio Gobierno de coalición de PP-A y Cs el que solicitó la creación de esta comisión de investigación, que desde 2019 ha desarrollado tres años de trabajos en los que ha citado a comparecer, entre otros, a los expresidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a la actual ministra de Hacienda y exconsejera del ramo María Jesús Montero, si bien sólo el primero acudió a la cita aunque no respondió a los grupos, algo que, en cambio, sí hizo el pasado 3 de diciembre la expresidenta de la Junta Susana Díaz.

El pasado 4 de abril, la comisión aprobó, con los votos a favor de los diputados de PP-A, Cs y Vox, y el voto en contra de PSOE-A y Unidas Podemos por Andalucía, la propuesta de dictamen registrada por el presidente de dicho órgano, el diputado de Cs Enrique Moreno, que atribuye «responsabilidades políticas» a los expresidentes Chaves y Griñán en relación a las «irregularidades» detectadas en la extinta fundación, y también a Susana Díaz, aunque «de distinta naturaleza», porque «el caso de la Faffe estalló durante su etapa al frente del Gobierno de la Junta, y su Ejecutivo no destacó precisamente por prestar facilidades para la investigación judicial en marcha, sino más bien por la manifiesta falta de colaboración» con la misma.

Tras la aprobación del dictamen, los grupos disponen de 15 días naturales, hasta el próximo 19 de abril, para registrar, si lo consideran oportuno, votos particulares, un paso que ya anunciaron que darían el Grupo Socialista y Unidas Podemos por Andalucía. Ambos votos particulares deberían debatirse, junto al dictamen, en el Pleno del Parlamento, algo que Enrique Moreno calculaba que podría producirse «a finales de este mes» de abril.

Las «responsabilidades políticas» que plantea la propuesta de dictamen aprobada por PP-A, Cs y Vox señalan en primer lugar a Fernando Villén, «principal autor de las irregularidades» en la fundación, y, en segundo lugar, «a todas las personas que formaron parte del Patronato de la Faffe desde su creación hasta su extinción, todos ellos cargos políticos» y «algunos de ellos ya condenados por su gestión en otras responsabilidades de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía».

En tercer lugar, el documento atribuye responsabilidades políticas a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, porque «ha quedado patente el caos organizativo» en el que ambos «sumieron la administración de la Junta de Andalucía durante sus mandatos».

De igual modo, la propuesta de dictamen señala responsabilidades políticas en «todos los dirigentes socialistas que consiguieron para ellos mismos, o para sus familiares y amigos, una nómina en la Faffe por su condición de responsables políticos gracias a su relación con el PSOE de Andalucía y con Fernando Villén, cuya firma estaba presente en todos los contratos».

En último lugar, la propuesta de dictamen atribuye «una responsabilidad política de distinta naturaleza, por no haber participado de manera directa ni haber formado parte de los gobiernos socialistas que ejecutaron la gravísima irregularidad acaecida en el seno de la Faffe», a Susana Díaz y a los exconsejeros de sus gobiernos María Jesús Montero, José Sánchez Maldonado, Javier Carnero y Antonio Ramírez de Arellano, «porque el caso de la Faffe estalló durante su etapa al frente del Gobierno de la Junta, y su Ejecutivo no destacó precisamente por prestar facilidades para la investigación judicial en marcha, sino más bien por la manifiesta falta de colaboración» con la misma.

Por otro lado, el dictamen recoge entre sus conclusiones, en primer lugar, que la Faffe «no debió existir nunca, porque las irregularidades que tuvieron lugar» en ella «no fueron puntuales», sino que «fue una corrupción institucionalizada».

Además, la propuesta de dictamen sostiene que, «dada la arbitrariedad de sus contrataciones, cualquier miembro de la plantilla de la Faffe puede ser considerado presunto enchufado».

Por otro lado, la propuesta de dictamen concluye también, entre otras cuestiones, que la Faffe «pagó incluso de forma sistemática facturas con conceptos falsos», y «la opaca contabilidad de la tesorería» de la fundación «en cajas fuertes, con irregulares disposiciones de dinero metálico por sus responsables, era un ejercicio sistemático de trilerismo malversador».

«La ausencia de una evaluación ordinaria efectiva de las actividades realizadas por la Faffe hizo que los principales beneficiarios no fuesen los previstos, sino los encargados de gestionar los recursos dedicados a los desempleados», apunta otra conclusión de esta propuesta de dictamen, que también sostiene que «la acción negligente y pasividad de los responsables, no sólo políticos, de la Junta de Andalucía durante los gobiernos socialistas ha hecho que al revisar la herencia de la Faffe haya que tratar prescripciones y caducidades».

Asimismo, el documento presentado por el presidente de la comisión señala que la Faffe «se gastó durante su existencia 10.726.755,80 euros en publicidad, propaganda y relaciones públicas», una «cantidad exorbitante para tales conceptos en los que se imputaban las famosas tarjetas de la Faffe y de la que debieron de salir el pago de los prostíbulos a su director general, Fernando Villén».