Una legislatura marcada por los tribunales
- Desde la moción de censura a Torres Hurtado hasta la imputación a Cuenca, son muchos los ediles que han pasado por el juzgado en esta etapa
Cuatro años de mandato dan para mucho y, en el caso de Granada, ese ‘mucho’ ha trasladado el protagonismo a los tribunales con grandes operaciones contra la corrupción que han dejado a concejales y alcaldes señalados. El caso Serrallo, el de Emucesa, la Operación Nazarí o la presunta malversación de Paco Cuenca son algunos de las irregularidades que han marcado la legislatura en Granada.
Caso Serrallo: el principio del fin de Torres Hurtado
Todo comenzó con el caso Serrallo, que acabaría por entrelazarse con la Operación Nazarí para cristalizar en la detención de Torres Hurtado. Un exfuncionario denunció la existencia de una discoteca junto al Centro Comercial Serrallo en unos terrenos que estaban destinados a la construcción de un parque infantil, lo que llevó al juzgado a abrir diligencias por un posible caso de corrupción contra un grupo de cargos técnicos del Ayuntamiento, el promotor y la entonces concejala de Urbanismo, Isabel Nieto.
Estas acusaciones se extendieron en 2015 con la declaración de Jacobo de la Rosa, técnico municipal. Fue entonces cuando la Fiscalía decidió hilvanar denuncias urbanísticas en lo que sería el nacimiento de la macrocausa de corrupción a la que se uniría la Operación Nazarí para acabar con el mandato de Torres Hurtado.
En 2017, la jueza citó a declarar a todos los miembros de la junta de gobierno de 2012 que votaron a favor del cambio de las condiciones de la parcela, tras lo que se imputó al entonces alcalde. Al año siguiente, se procesó a los 17 investigados por esta trama. En la actualidad, se espera que el juicio final se celebre entre febrero y abril de 2020.
Operación Nazarí: los locales ilegales en el limbo
Paralelamente al caso Serrallo se desarrolló la Operación Nazarí, una trama que no se unió a la otra pese a sus similitudes debido a que siguió un curso propio. En este caso, se construyeron en el Zaidín una serie de locales comerciales en parcelas destinadas al uso deportivo junto al pabellón Mulhacén. Para ello, se realizó un estudio de detalle que permitió al concesionario del recinto deportivo reservar una de las parcelas colindantes para dicho uso comercial.
El empresario granadino Ramón Arenas denunció en 2014 que estas modificaciones en la parcela se realizaron con el fin de beneficiar a García Arrabal, también implicado en el caso Serrallo. En enero de este mismo año, el tribunal reconoció la ilegalidad del movimiento realizado por el PP, algo que ratificó el pasado mes de mayo tras la queja de uno de los dos negocios situados en los locales afectados. Por el momento, los comercios situados en las parcelas continúan con su actividad pese a haber sido declarados ilegales por el TSJA.
Caso Emucesa: nueve investigados por contrataciones fantasma
Un nuevo caso investigado que se realizó durante el mandato del Partido Popular. Nueve personas son investigadas por supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude a la Seguridad Social en un caso cuyo archivo ha sido rechazado por la Audiencia este mismo año.
Cuando la empresa que gestiona el cementerio era totalmente pública, se realizaron seis contrataciones de altos cargos calificadas de fantasma porque ninguno de los trabajadores de la empresa llegó a recibir instrucciones de los responsables del cementerio, unas personas a las que ni siquiera conocían. Salvo uno de ellos, no se instalaron nunca en las oficinas, ni siquiera asomaron por ellas. De hecho, no figura constancia de que hayan realizado trabajo alguno para Emucesa, lo que alimenta la tesis del delito de malversación de fondos públicos.
Dadas las circunstancias, están investigados los seis trabajadores, el gerente de la empresa (que fue el que alertó de la existencia de estos contratos), las personas que supuestamente realizaron las contrataciones, la concejala en funciones María Francés y el ya exconcejal popular Eduardo Moral. Estos dos últimos negaron en su momento que hubiese irregularidades en las contrataciones realizadas y aseguraron que los contratados realizaron su labor.
Actualmente, ocho de los nueve investigados han sido procesados. Han pasado ya ante el juez los dos componentes de la formación azul, el gerente de Emucesa y cinco de los seis contratados, pues sí que hay constancia de que el sexto de ellos realizase alguna labor para la empresa. El caso continúa pendiente de la apertura del juicio oral tras las comparecencias de finales de mayo.
Cuenca: imputado desde 2016 por usurpación de funciones públicas
El actual alcalde de Granada en funciones tampoco se libra de las imputaciones. Poco después de asumir la Alcaldía de la ciudad, Cuenca fue imputado junto a cuatro antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía por la contratación de particulares para inspeccionar cursos de formación en Economía Social, una función reservada por ley a los funcionarios del Ejecutivo Andaluz.
Por ello, se le achacan al dirigente socialista posibles delitos de usurpación de funciones públicas, prevaricación y malversación de caudales públicos durante su etapa como delegado de Innovación de la Junta, en los años 2010 y 2011. Tras conocer su investigación, los implicados presentaron en 2017 un recurso que finalmente fue rechazado al año siguiente.
Fue en ese mismo año cuando el juez ordenó nuevas diligencias y añadió a la causa la citación de cuatro personas más, poniendo en duda incluso el hecho de que las empresas a las que se les había contratado llegasen a realizar la labor que debían. De momento, la causa sigue pendiente de evolución y Paco Cuenca ha pedido paciencia y tranquilidad al respecto.
