Unos 300 empleados públicos temporales reclaman fijeza en sus puestos de trabajo ante el TSJA

• Coincidiendo con el aniversario de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, que afirman les da la razón, reclaman que el Gobierno Central reforme el Estatuto Básico dando solución al problema de 800.000 trabajadores públicos en el sentido que dictamina el derecho de la Unión Europea

Bajo el lema “Primacía del derecho de la unión: Fijeza como sanción al abuso de temporalidad”, se han concentrado alrededor de 300 trabajadores temporales de distintas administraciones públicas andaluzas frente a la sede del TSJA, en Granada, Plaza Nueva. Tras el reciente anuncio por parte del nuevo Ministro de Función Pública y Política Territorial, Miquel Iceta, y la ratificación ayer por parte del Ministro en el Congreso de los Diputados, de la reforma que prepara el Gobierno del Estatuto Básico del Empleado Público para atajar el alto porcentaje de interinidad en las distintas administraciones públicas (tras exigir Bruselas reducir los abusos de temporalidad en el sector público vinculando dicha acción a los fondos europeos que España debe recibir por la crisis del COVID-19), numerosas asociaciones y sindicatos han protagonizado hoy distintas concentraciones en distintas ciudades de España reclamando al Gobierno español que la reforma se base en la primacía del derecho de la unión europea, convirtiendo mediante regularización administrativa sus contratos temporales en contratos fijos.

Según afirman los organizadores en un comunicado, tras la sentencia del TJUE de 19 de marzo, que declaraba la existencia de abuso de temporalidad en estos contratos, así como tras el auto del TJUE de 30 de septiembre de 2020, caso Gondomar, y la sentencia del TJUE de 11 de febrero que establece que la interpretación de la conversión de los contratos en fijos puede realizarse “aunque las disposiciones nacionales de carácter constitucional prohíban absolutamente tal conversión en el sector público”, sólo cabe la conversión de sus contratos temporales en fijos, cumpliendo así con la jurisprudencia europea citada y la Directiva 1999/70/CE. Postura que ayer vieron reforzada tras la publicación del informe de las conclusiones de la abogacía general de la Unión Europea en el asunto “Gilda-UNAMS”, en el que se fija que “cualquier norma de la legislación de los Estados miembros que obstaculice la conversión de contratos de duración determinada en contratos de duración indeterminada tendría que no aplicarse”.

A la par, piden al resto de administraciones públicas que mientras se aprueba esa reforma no sigan adelante con la ejecución de las ofertas de empleo público, pues las plazas que están ofertándose en procesos selectivos en el que cualquiera puede concurrir, están ocupadas por personas que conforme el derecho de la unión europea y la jurisprudencia se encuentran en abuso de temporalidad.

“Cada día que pasa sin que se reforme el EBEP dando solución de fijeza, una persona que lleva a lo mejor 20 años trabajando en la administración se va a la calle sin indemnización porque distintos ayuntamientos, universidades, diputaciones, o Comunidades Autónomas siguen adelante con la ejecución de estas ofertas. Se trata de un auténtico ERE encubierto”, declaraba Pablo García de Movellán, portavoz de SITAG, uno de los sindicatos organizadores.

Hasta 30 años de interinidad

Mientras Bruselas exige a España que reduzca la temporalidad al 8%, en las administraciones públicas españolas este porcentaje se eleva por encima del 20%. En algunas administraciones se alcanza casi el 30%. Personas que en algunos casos llevan hasta 30 años trabajando como temporales de forma ininterrumpida, y que ahora, denuncian, podrían verse en la calle sin indemnización porque no pueden competir en procesos selectivos con jóvenes recién licenciados con todo el tiempo del mundo para estudiar, mientras ellos tienen que atender sus obligaciones laborales y familiares. Una vida dedicada al trabajo en el sector público que puede verse truncada y abocarles a vivir al amparo de subsidios el resto de su vida.

Según afirmaron los organizadores en su gran mayoría se trata de trabajadoras y trabajadores de entre 45 y 60 años (una mayoría), cerca de un 70% mujeres, con dependientes, mayores y menores, a cargo, y con una carrera profesional dedicada a los Servicios Públicos. “La desidia de las Administraciones nos ha abocado al despido libre y gratuito, y condenado a la exclusión social”, reclamando no sólo al Gobierno Central una regularización administrativa que convierta sus contratos temporales en fijos sin tener que pasar por procesos selectivos abiertos, sino también “amparo” al poder judicial.