El año 2020 se cerró con casi 160.000 plantas de marihuana intervenidas y 792 investigados

El año 2020 se cerró con casi 160.000 plantas de marihuana intervenidas y 792 investigados

En 2020 se desarrollaron en la provincia de Granada 658 operaciones vinculadas con el cultivo de marihuana y se han aprehendido 159.917 plantas, además de ser investigados o detenidos un total de 792 personas por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que han apuntado a un aumento de la peligrosidad de las organizaciones criminales a tenor de las armas que se están interviniendo, incluso de guerra.

Así se ha puesto de manifiesto este jueves con motivo de la reunión que la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, ha mantenido con representantes de Policía Nacional y Guardia Civil de la provincia con el objetivo de coordinar y evaluar las actuaciones que ambos cuerpos han desarrollado en 2020 en la lucha contra el cultivo de la marihuana.

López Calahorro ha resaltado la importante labor que se está realizando en esta materia y ha agradecido el trabajo de planificación e investigación que desarrollan tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, «que están realizando una presión constante en la lucha contra el cultivo y tráfico de marihuana y la defraudación de fluido eléctrico, que se extiende a otro tipo de investigaciones relacionadas con el blanqueo de capitales en conexión con estos hechos delictivos».

Esta «dedicación» ha supuesto el desarrollo de un total de 658 operaciones vinculadas con el cultivo de la marihuana por parte de ambos cuerpos en 2020. Esta cifra supone un ligero ascenso con respecto a las operaciones realizadas en 2019, cuando se desarrollaron 611. De la misma forma, el año pasado se aprehendieron 159.917 plantas, mientras que en el 2018 fueron 135.988. Por lo que se refiere al número de detenidos o investigados, en 2020 la cifra se eleva a 792, mientras que en 2019, fueron 637.

Por otra parte, dentro de los objetivos de fortalecer la lucha contra la delincuencia económica y la corrupción derivada del tráfico de drogas, en las operaciones desarrolladas se han intervenido o inmovilizado numerosos bienes que en 2020 ascendió a 24,1 millones en total.

Plan Zona Norte

La subdelegada del Gobierno se ha referido al Plan Integral de Seguridad de la Zona Norte que se puso en marcha en febrero de 2017 para afrontar, desde un punto de vista policial, los cortes de suministro eléctrico y cuyos objetivos son apoyar a Endesa en las desconexiones de las instalaciones eléctricas fraudulentas, perseguir los delitos de defraudación de fluido eléctrico y localizar e incautarse de instalaciones dedicadas al cultivo de marihuana.

Se trata de un plan, ha señalado López Calahorro, «diseñado específicamente para combatir el cultivo de la marihuana y la defraudación del fluido eléctrico en la Zona Norte, con agentes dedicados a su desarrollo, con lo que no entiendo muy bien por qué desde alguna administración se solicita la creación de una policía específica para este tema cuando ya viene funcionando y con muy buenos resultados desde hace ya varios años este Plan», ha agregado.

Con respecto a los resultados arrojados por el mismo en 2020, la subdelegada ha explicado que la irrupción de la COVID-19 y las medidas decretadas por el Gobierno para combatirla han influido en el descenso del número de apoyos a Endesa realizados el pasado año pasando de 1.955 en 2019 a 678 en 2020.

Sin embargo, casi la totalidad del resto de indicadores han registrado un ascenso. Así, el número de operaciones realizadas ha pasado de las 93, de 2019 a 130. El número de plantas contabilizadas también se ha incrementado de las 12.426 a las 21.066, de 2020. Por su parte, el número de investigados o detenidos por drogas en 2020 fue de 71, frente a los 105 de 2019 y los investigados por defraudación de fluido eléctrico han pasado de los 204, en 2019, a los 229 del año pasado.

De la misa forma, al margen de esta actividad, desde Policía Nacional se están remitiendo a la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía de la Junta de Andalucía informes no solo de las viviendas de propiedad pública en las que se encontraban plantaciones, como hasta ahora, sino también de aquellas en las que se está cometiendo un delito de defraudación de fluido eléctrico a fin de que se actúe, si procede, contra los inquilinos.

También se ha informado al Ayuntamiento de la capital de irregularidades urbanísticas detectadas de edificaciones construidas en zonas públicas por parte de algunos vecinos que dificultan la actuación policial.

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