CCOO denuncia la privatización del servicio de ambulancia del Centro Sanitario Gran Capitán

CCOO denuncia la privatización del servicio de ambulancia del Centro Sanitario Gran Capitán

  • CCOO asegura que se ha aprovechado la incorporación de la categoría celador conductor por traslado y oposición para privatizar el último servicio de ambulancias que queda en el Servicio Andaluz de Salud en Granada, “con la complicidad y aprobación del Sindicato Médico, el de Enfermería (SATSE) y CSIF”

El sindicato de CCOO Sanidad Granada ha denunciado la privatización del servicio de ambulancia del DCCUU de Gran Capitán por parte de la gerencia del Distrito Granada-Metropolitano y con “la complicidad y aprobación del Sindicato Médico, el de Enfermería (SATSE) y CSIF”.

En una nota, el sindicato informa que desde CCOO siempre se ha defendido la gestión pública, «porque entendemos que es la forma más eficiente de gestionar los servicios”, ha explicado el secretario general de CCOO Sanidad Granada, Félix Alonso. “Nuestra reivindicación sería que el Servicio Andaluz recuperase, para la gestión pública, el servicio de ambulancias de los puntos de urgencia de Atención Primaria”.

“No podemos aceptar que la gerencia no oferte al personal que se incorpora y tiene la capacitación profesional para conducir las ambulancias del DCCU esas plazas”, ha seguido exponiendo Alonso.

Desde el sindicato se lamenta la postura de “los sindicatos cómplices, siendo la prueba clara del nulo interés que tienen por los temas de organización sanitaria que no afectan a las categorías de su corporativismo”, ha expuesto el secretario general de Sanidad.

“Se olvidan que la asistencia sanitaria es un trabajo en equipo, y demuestran que su interés y defensa de la Sanidad Pública se limita y concreta exclusivamente al ámbito del personal médico y de enfermería”, han matizado desde CCOO.

Con esta situación se van a convertir seis contratos estables, de 139 horas mensuales de jornada y 1.300 euros de retribuciones de un servicio público, en seis puestos de 240 horas mensuales y sueldo por debajo de los 1.000 euros.
“Es lo que entienden los gobiernos de derechas por controlar el gasto público, siempre a costa de la clase trabajadora, y así entienden que es más barata la gestión privada de los servicios públicos esenciales”, han querido concluir desde el sindicato.

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