CCOO presenta un conflicto colectivo denunciando las condiciones laborales de «los vigilantes de la playa»
- Comisiones Obreras desde el inicio de la actividad de los vigilantes de la playa contratados por la Administración Autonómica, ha visitado prácticamente la totalidad del litoral granadino interesándose por las condiciones de este colectivo.
Realizada la contratación del personal DE SERVICIOS GENERALES por parte de la Junta de Andalucía, concretamente la Delegación del Gobierno de Granada para dicha zona, con la finalidad del control de las zonas costeras y la aplicación de las normas convivenciales causadas por el virus Covid-19. Comisiones Obreras comenzó a visitar los municipios costeros de nuestra provincia, Almuñécar, Salobreña y Motril entre otros.
Tras las visitas realizadas al personal contratado, desde el sindicato «se ha comprobado la situación de dicho personal trabajador, donde brilla por su ausencia la aplicación de la normativa donde se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo».
Desde Comisiones Obreras denuncian el incumplimiento de las disposiciones mínimas establecidas en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, destacando la falta de servicios higiénicos o área de descanso, la exposición a las condiciones ambientales (alta temperaturas) sin medidas de protección o en determinadas zonas no cuentan con material de primeros auxilios.
Dada las características especiales del trabajo que desempeñan estos trabajadores y trabajadoras, «exigimos a la Junta de Andalucía las medidas necesarias para garantizar la seguridad y salud del personal contratado, aplicando todas las medidas preventivas necesarias, crema solar de alta protección, gafas solares, gorra o sombrero, entre otras».
Así mismo el sindicato denuncia la falta de dotación al personal contratado de una dirección de correo electrónico corporativo, «lo que supone una discriminación respecto al resto del personal laboral de la Junta de Andalucía y limita el desarrollo profesional de este colectivo al no poder acceder a la formación impartida por el Instituto Andaluz de Administración Pública».
