Justicia incomprensible
Dijo el poeta, pintor, novelista y ensayista libanés, Khail Gibran que «ver que los ardides del zorro triunfan sobre la justicia del león, lleva al creyente a dudar de la justicia». Valga esta reflexión para iniciar estas líneas, atónitas ante la decisión de la Fiscalía de archivar, al amparo de la libertad de expresión, de tres denuncias, una de ellas interpuesta por 3516 personas, contra Jesús Candel, más conocido como Spiriman, por llamar «puto criminal» e «hijo de puta», al presidente del Gobierno y pedir a la ciudadanía que «escupan a los médicos». Sin duda el «hater» de la bata blanca, está siendo el perfecto zorro, cuyos ardides están haciéndonos dudar de la justicia.
Y es que la justicia que se aleja del sentido común no es justicia, la que interpreta las leyes según qué juez o fiscal actúe en la causa no es justicia y aquella cuyas decisiones son incomprensibles para el común de la ciudadanía, tampoco es justicia.
No deja de ser verdaderamente llamativo que, mientras el fiscal considera que no hay delito en que Spiriman llame «hijo de puta» y «puto criminal» al presidente del Gobierno, hace poco más de un año, la titular del juzgado de instrucción número 12, dictara una durísima condena contra el periodista Juan Pérez, por calificar a Candel, como “fascista”, «Hitler», «Goebbels», «homófogo» (así con “g” aparece en la sentencia) y «machista».
Así pues, lo que para la fiscalía ampara la libertad de expresión, si es Spiriman quien injuria al presidente del Gobierno, periodistas o compañeros/as sanitarios, no lo protege, según la jueza, cuando es Candel el objeto de críticas mucho menos gruesas que las que él profiere.
Sepan ustedes que, de ceñirnos al archivo de la denuncia, los mensajes de Spiriman, llamado reiteradamente “hija/o de puta”, o «puto criminal» a autoridades, están amparadas por una libertad de expresión, que sin embargo, no nos ampara a nosotros, si le llamamos homófobo, machista o calumniador, aunque para ello nos valgamos de personajes como Goebbels.
Dice el decreto de archivo que semejantes barbaridades «pueden verse justificadas por el ejercicio del derecho a la crítica política que merecía el acontecimiento al que se referían», pero que en todo caso, «la relevancia penal de las expresiones ha de decantarse a favor del derecho a la libertad de expresión».
El artículo 20 de la Constitución Española consagra ese derecho a la libertad de expresión y reconoce y protege los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Veracidad. Ahí está el límite de este derecho, que Spiriman ha sobrepasado una y mil veces.
En su decreto de archivo, el fiscal delegado contra el odio de la Fiscalía Provincial de Granada, Francisco J. Hernández Guerrero, viene a concluir que los exabruptos de Spiriman contra el presidente del Gobierno, no están amparados dentro de los colectivos amparados por el delito de odio y que, curiosamente, tampoco serían penalmente perseguibles por el delito de injurias, por lo que llamar públicamente «hijo de puta» y «puto criminal» al presidente del Gobierno, sale gratis
A tenor de semejante «argumentario», podríamos entender que en momentos complejos como estos, cualquier hijo de vecino, podría llamar «hijo de puta» y «puto criminal» al presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, por continuar firmando nombramientos, dos años después de haberse agotado su mandato y no, porque, convendrán conmigo, que cualquiera que llegara a semejante extremo y lo hiciera con la publicidad, con la que lo ha hecho Candel con sus víctimas, recibiría un trato penal muy diferente al que viene cosechando semejante odiador.
Por cosas como estas, cada vez es mayor la incomprensión y la desconfianza de los ciudadanos ante la justicia y el personal considera casi una burla escuchar que hay “una única vara de medir», cuando en casos como el que nos ocupa, demuestran que hay tantas medidas como actores judiciales, lo que siembra en la ciudadanía una desconfianza más que justificada, entre quienes tienen el sacrosanto deber de administrar justicia.
En contra de lo que pueda parecer, decisiones como esta de la Fiscalía, vacían de contenido real un derecho tan fundamental para la democracia, como es el de la Libertad de Expresión y convierten en “intocables” a personajes tan indeseables y tóxicos como Spiriman, dando alas a la legión de haters que, emboscados en las redes sociales, están convirtiendo esta sociedad en irrespirable.
En resumen, creo que la Justicia debe ser ciega, pero algunos de sus actores deberían acudir al oculista para ver un poco mejor.
