PSOE pedirá una comisión de investigación sobre contratos de Junta durante 2021-2022 y se persona en caso del SAS

PSOE pedirá una comisión de investigación sobre contratos de Junta durante 2021-2022 y se persona en caso del SAS

La vicesecretaria general de Acción Política y Social del PSOE de Andalucía y portavoz parlamentaria, Ángeles Férriz, ha anunciado este jueves que su partido solicitará la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre los contratos de servicios de emergencia de la Junta de Andalucía durante la pandemia, así como ha revelado que el PSOE se ha personado en la causa judicial abierta por un presunto caso de fraude con los test del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y en la que deben comparecer como testigos los consejeros Elías Bendodo y Jesús Aguirre.

La dirigente socialista ha apelado a «una hoja de ruta» del Ejecutivo autonómico, en la que se ha cuestionado entonces que «sí haya dinero para contratos multimillonarios 771 millones de euros (la renovación del contrato de Clínicas Pascual), para contratos llenos de sospecha», y concluir que «lo que está haciendo es debilitar el sistema público para crecer en conciertos a costa de lo público».

Férriz ha explicado en rueda de prensa que en el caso de la comisión de investigación lo planteará para que se afronte en el próximo Pleno del Parlamento, que se celebrará el 27 y 28 de abril, con el convencimiento de que «queremos luz y taquígrafos si no se da información» respecto a los expedientes de los contratos licitados y adjudicados por el Gobierno andaluz entre 2021 y 2022, período en que este partido contabiliza 21.000 contratos y respecto a los cuales ha reclamado que la Cámara de Cuentas de Andalucía fiscalice los de 2021, toda vez que hizo un informe sobre los de 2020.

La dirigente y portavoz parlamentaria autonómica del PSOE-A ha trasladado en el caso de la personación sobre el presunto fraude en la compra del test del SAS que «queremos estar perfectamente informados sobre los hechos y el alcance de los mismos», mientras que ha expresado su suspicacia por el hecho de que las comparecencias como testigos de Bendodo y Aguirre, previstas para este mes, «se han pospuesto para julio», por lo que ha exclamado un «qué casualidad» y concluir que se trata de «ir allanando el terreno hasta las elecciones en junio», en referencia a la posible fecha de celebración de las autonómicas.

Con el referente de una rueda de prensa este miércoles del portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto, acerca de que la legislatura en junio está agotada, declaraciones que Férriz ha considerado que «le traicionó el subconsciente sobre convocar elecciones el 12 de junio porque le sobraba la mitad de la legislatura», hecho que ha situado como «una falta de respeto de Moreno Bonilla, que sólo tiene en su cabeza convocar elecciones», Férriz ha sostenido que esa convocatoria electoral en junio «también evitaría dar cuenta de los 17.000 interinos contratados vía exprés», así como si se adelantan las elecciones evitaría de igual forma aclarar «el abuso de la contratación de emergencia».

«A dedo y sin control ha estado haciendo Moreno Bonilla contratos en estos dos años y medio», ha argumentado Ángeles Férriz sobre las prácticas contractuales del Gobierno andaluz, quien ha apuntado «el trabajo titánico» de su partido por tener que evaluar 21.000 contratos a través del Portal de la Transparencia.

«Por qué tardan tanto, a quién le han dado los contratos a dedo», ha proseguido preguntándose la portavoz socialista, quien se ha cuestionado igualmente que este martes el consejero de la Presidencia y portavoz, Elías Bendodo, contara los 771 millones de euros para la renovación durante cinco años del concierto con las Clínicas Pascual en la provincia de Cádiz y en Lepe (Huelva) por 771 millones de euros, pero que «no nos contó los contratos de algunos conciertos», que ha cifrado en 180 millones de euros, cuyo desglose provincial es Almería (13 millones); Cádiz (32 millones); Córdoba (17 millones) Granada (21 millones); Huelva (13 millones); Jaén (12 millones); Málaga (27 millones) y Sevilla (41,2 millones).

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz parlamentaria ha trasladado en la rueda de prensa que la empresa de la madre de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Proyectos Hospitalarios Internacionales SA, se ha convertido en una empresa homologada como proveedora de mascarillas para Cetursa, la empresa pública que gestiona Sierra Nevada, con un contrato de 3 años.

Férriz ha exigido al presidente andaluz «responder cuanto antes a la petición de información, así como a la fiscalización de los contratos por parte de la Cámara de Cuentas, si verdaderamente no tienen nada que esconder», así como ha reclamado a los consejeros que den cuentas en el Parlamento y no se ausenten sin motivos justificados «para no hablar de lo que no le interesa al Gobierno de Moreno Bonilla».

Férriz ha abundado en la tesis del adelanto electoral a junio para apuntar que de esta forma «las prisas por acabar la legislatura» serviría para poner de manifiesto «la utilización de Moreno Bonilla de ciertos sectores», por cuanto ha argumentado que en ese caso «no podría tramitar la iniciativa de Doñana, confirmando el engaño a los agricultores de Huelva, tampoco la Ley de Policías Locales, evitaría dar cuenta de los contratos de interinos exprés, del modelo de universidades ni del abuso de contrataciones emergencia».

Sanidad privada

En la rueda de prensa, el secretario de Salud y Consumo del PSOE de Andalucía, Juan Manuel Flores, ha detallado que «el colapso y deterioro sistema público sigue siendo un problema de este gobierno andaluz, que pretende ocultar la realidad detrás de inversiones en gasto sanitario». Estamos ante el «riesgo de perder un sistema sanitario público por la voluntad política del gobierno andaluz de privatización».

«Moreno Bonilla ha incrementado un 31,7% el presupuesto para la sanidad privada, utilizando la pandemia como excusa y tapadera para desplazar a proveedores privados».

«Los conciertos son una herramienta necesaria, pero actualmente no es un complemento, es una voluntad política del gobierno de desplazar las necesidades sanitarias quirúrgicas y de diagnóstico a manos privadas», ha apuntado.

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