Una asociación animalista lleva al Defensor del Menor una supuesta vulneración de derechos en la Feria de la Caza

Una asociación animalista lleva al Defensor del Menor una supuesta vulneración de derechos en la Feria de la Caza

La Asociación Protectora de Animales Galgos del Sur ha denunciado ante el Defensor de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, una supuesta vulneración de derechos de los menores en la Feria Provincial de la Caza de Granada, celebrada en Iznalloz el pasado domingo 3 de octubre.

De acuerdo al relato de los hechos reflejado por Galgos del Sur en su escrito, según ha informado en una nota de prensa, «a las 11,00 horas tuvo lugar una competición de tiro al pichón en el campo de tiro de la localidad, que consistía en disparar a palomas vivas lanzadas al vuelo».

Según prosigue su relato, «no solo asistieron menores de edad, sino que algunos niños participaron disparando con escopetas, llegando a matar a varias palomas», y ni fuerzas de seguridad, familiares u organizadores «hicieron nada por evitar esta situación».

«Si para los adultos que presenciamos esta actividad violenta en directo supuso un fuerte ‘shock’ emocional ver a seres sintientes como las palomas siendo abatidas cruelmente y cayendo al suelo para morir tras varios minutos agonizando, entendemos que, en el caso de los niños, que son mucho más sensibles a la violencia, se vulneró claramente su integridad psíquica, psicológica y moral», ha expresado la asociación en su escrito de denuncia.

Para Galgos del Sur, independientemente de si es legal o no la utilización de esas escopetas por parte de los niños, resulta evidente que «no se respetaron los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes allí presentes frente a cualquier tipo de violencia, incluyendo la caza».

Ha hecho hincapié además en el hecho de que en la organización de esta actividad participa el Ayuntamiento de Iznalloz, y que la propia Feria de la Caza «está patrocinada por instituciones públicas como la Diputación de Granada y la Junta de Andalucía, que deberían proteger a los menores contra la violencia, en lugar de ampararla».

«Estas actividades no pueden estar financiadas con dinero público ni por entidades sociales, como es el caso de la Fundación Caja Rural de Granada, que figura también entre los patrocinadores», ha concluido.

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