Usuarios de patinetes eléctricos se concentran en la capital para exigir una regulación «justa»

Usuarios de patinetes eléctricos se concentran en la capital para exigir una regulación «justa»

  • Bajo el lema ‘Porque somos más eficientes; porque no generamos emisiones; porque conducimos un vehículo’, la concentración de Granada se ha reeditado a la misma hora en Madrid, en la Plaza de Colón; Barcelona, en el Parc de Cervantes, y en León, en la Plaza de San Marcelo

Unas 30 personas, según ha contabilizado la Policía Nacional en declaraciones a Europa Press, se han concentrado al mediodía este sábado en Granada convocadas por la Asociación para la Movilidad Personal y Ecológica de Granada  para exigir un reglamento «justo» sobre los usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP), entre los que se encuentran los patinetes eléctricos, a la Dirección General de Tráfico (DGT).

Bajo el lema ‘Porque somos más eficientes; porque no generamos emisiones; porque conducimos un vehículo’, la concentración de Granada se ha reeditado a la misma hora en Madrid, en la Plaza de Colón; Barcelona, en el Parc de Cervantes, y en León, en la Plaza de San Marcelo.

En todas ellas y en Granada las entidades convocantes han pedido un reglamento «justo» a la DGT, de manera que estén regulados estos vehículos de manera estatal, algo que Tráfico se propuso aprobar para el 1 de junio.

Según el borrador del Real Decreto por el que se modifica el Reglamento General de Circulación, Tráfico pretende establecer tres límites de velocidad en vías urbanas: de 20 kilómetros por hora en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera, de 30 en vías de un único carril por sentido de circulación y de 50 en vías de dos o más carriles por sentido de circulación.

No obstante, las asociaciones de VMP abogan por una limitación de 30 kilómetros por hora en aquellos carriles más próximos a las aceras cuando se trate de vías de dos o más carriles por sentido de circulación, según las alegaciones al Real Decreto propuestas por un total de once asociaciones.

Otra de las medidas propuestas por la DGT es la prohibición de que estos VMP circulen por las vías interurbanas. Por el contrario, las asociaciones piden poder circular por las carreteras, pues consideran que la prohibición es una medida «desproporcionada» y supone una «clara discriminación» frente al resto de vehículos con características similares.

Además, consideran que limitar su uso a las ciudades supondrá «un gran obstáculo para su adopción» y defienden que son «una excelente solución de movilidad sostenible y ecológica», así como el escaso daño que hacen en caso de accidente por su «extrema ligereza».

Por ello, las asociaciones exigen poder circular por los arcenes si estos fueran «transitables» y que los usuarios mayores de 14 años puedan utilizar la «parte imprescindible» de la calzada de una carretera cuando el vehículo pueda circular a una velocidad no inferior a la mitad de la velocidad máxima de la vía. Es decir, si el límite de velocidad es de 90 kilómetros por hora(carreteras convencionales), se podrá circular si el VMP alcanza una velocidad de 45 kilómetros por hora o más.

También quieren que en vías urbanas se permita circular a los VMP y a los ciclos por el centro del carril, preferentemente por el carril situado más a la derecha, si bien proponen la utilización del resto de carriles «para facilitar el itinerario a realizar o debido a otras circunstancias en las condiciones del tráfico».

El Real Decreto del Gobierno también propone una definición para los VMP, estableciendo una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora, algo en lo que tampoco están de acuerdo las asociaciones, al considerar que con esta medida muchos modelos quedarían excluidos de esta definición, quedándose en un «limbo legal». Por ello, piden que la velocidad máxima se establezca entre los 15 y 45 kilómetros por hora.

La DGT trabaja en estas medidas a petición de los ayuntamientos, que demandan a Tráfico cambios en la normativa general en el ámbito urbano que les permitan desarrollar adecuadamente nuevos modelos de ciudad. El Real Decreto pretende entrar en vigor en junio de 2019.

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