La necesaria condena social de la corrupción política

La sociedad, y cada ciudadano, deben militar en la denuncia de la corrupción.
El corrupto también debe ser privado de los beneficios del refugio social.

Los efectos de la corrupción tienen un gran alcance: pueden socavar la estabilidad política, social y económica, y en última instancia, amenazar la seguridad de la sociedad en su conjunto. La corrupción crea un terreno fértil para las actividades de la delincuencia organizada, incluso el terrorismo, pues los delincuentes se ven ayudados en sus actividades ilícitas por la complicidad de funcionarios públicos corruptos. La mundialización de la economía ha hecho de la corrupción un delito sin fronteras. El mundo competitivo de los negocios internacionales puede dejar a las empresas expuestas a sobornos y prácticas financieras fraudulentas.

Las transacciones corruptas pueden traspasar múltiples jurisdicciones, haciendo que la consiguiente investigación policial sea prolongada y compleja.

La divulgación de multitud de escándalos de corrupción ha provocado en la sociedad una mayor preocupación por éste fenómeno, y la desconfianza de la sociedad sobre sus instituciones, fenómeno que se ha visto aumentado exponencialmente por la crisis económica, y la percepción de falta de respuesta de los poderes públicos a las demandas de los españoles.

En España, si bien no existe un problema de corrupción sistémica y la corrupción de los funcionarios es baja, por el contrario, sí existe un problema serio de corrupción política percibida en un grado altísimo pro la ciudadanía. Las causas fundamentales de la corrupción tienen que ver con defectos institucionales muy graves y áreas de riesgo muy poco protegidas.

Nos vamos a referir a la corrupción acotada al abuso de poder en el sector público para beneficio privado, sea directo o indirecto, con incumplimiento de normas jurídicas, pues el fenómeno desgraciadamente es bastante más amplio.

El estudio publicado por el profesor Villoria en el año 2015, Universidad Rey Juan Carlos, evidenciaba que el Fiscal General del Estado detectó a finales de 2019,que en ese momento la fiscalía investigaba 730 casos relevantes que afectaban a cargos públicos electos o de designación política por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Por su parte, el Presidente del Consejo General del Poder Judicial presentó un informe el 15 de abril de 2013 en el que solicitaba más instrumentos para luchar contra la corrupción, en concreto, 64 jueces de apoyo para ayudar a los 798 juzgados que estaban en esos momentos trabajando en 2173 causas complejas, de las que 1661 estaban relacionadas con casos de corrupción o delitos económicos.

Por su parte, la prensa española ha detectado que más de 600 municipios españoles tienen algún escándalo de corrupción investigado y que este hecho en algunas comunidades es apabullante, por ejemplo, en casi el 60 % de los municipios de Murcia y el 40 % de las Islas Canarias. Más aún, de un análisis de las estadísticas judiciales se puede extraer que aún en 2012 en plena crisis económica del sector inmobiliario, había unas 1000 causas abiertas por prevaricación urbanística, lo que equivale a más de 1000 políticos investigados por corrupción.

Parece obvio que nuestros políticos, sobre todo los alcaldes, tienen demasiado poder en la toma de decisiones, mucha discrecionalidad y muy poco control, y que para reducir la corrupción van a tener que aceptar autoimponerse controles, reducir sus ámbitos de discrecionalidad y reducir sus poderes monopolísticos en la toma de decisiones, como se ha hecho con los convenios urbanísticos en la última ley del suelo pasando a ser decisión del pleno y no del alcalde. Algo es algo.

Para complicarlo aún más, el caso ERE pone a la cúpula del PSOE andaluz bajo sospecha, el caso Bárcenas pone a toda la cúpula del PP nacional, y el caso Undargarín a la propia Casa Real con sus derivados del asunto Corina.

El análisis de lo que podríamos denominar corrupción legalizada o captura del Estado, evidencia que, en estos casos, los grandes grupos de interés muy bien financiados son capaces de comprar regulaciones, e incluso leyes, a cambio de financiar generosamente al partido en el gobierno. Gran parte de la política urbanística española, las regulaciones del sector bancario, las de las empresas de telecomunicaciones, las empresas sanitarias, y las empresas del sector energético, manifiestan claros indicios de captura del Estado, y muy probablemente los siguientes escándalos políticos afloren por este camino. Se impone, por tanto, una adecuada regulación de las actividades de lobby, inclusión en la Ley de Transparencia de la obligación de los cargos públicos, electos, y altos cargos políticos, de publicar su agenda de reuniones para prevenir nuevos casos futuros, o al menos reducirlos, siempre que conste también el objeto de la reunión y la identidad del resto de participantes. El ciudadano tiene derecho a saber con quién se reúne un cargo público y para qué, con qué grupos de interés se reúne, para entender qué temas le ocupan más tiempo, y cuáles no, los tipos de reuniones que mantiene, etc., y contar con una transparencia efectiva, más allá de la transparencia legalista.

El ciudadano percibe un estado de corrupción generalizada provocado también por las escasas condenas y la consecuente sensación de impunidad del corrupto, la concesión de indultos (132 a políticos condenados por casos de corrupción entre 2010 y 2012) y la lentitud de los procesos penales (10 años el tiempo medio de los macro-procesos).

Cuando España comienza su difícil y amenazada transición democrática, las personas con responsabilidad para diseñar el modelo institucional decidieron, probablemente de forma acertada en aquel momento, que las normas incentivaran la gobernabilidad y desincentivaran la inestabilidad. La experiencia de nuestras dos previas repúblicas había sido descorazonadora, precisamente por su inestabilidad y los problemas que no pudieron resolver. La experiencia decimonónica de la Restauración aportaba alguna clave, aunque también resultarían grandes sombras de duda por la consolidación del caciquismo y su déficit democrático. En todo caso, la experiencia británica unida a ciertos rasgos del modelo alemán, podrían completar unos buenos marcos de referencia para esta nueva etapa de la historia española. El resultado en términos de prosperidad ha sido bueno, pero las instituciones generadas dificultan el control de forma excesiva, son poco incentivadoras de la representatividad y favorecen la opacidad, y con ello, el abuso de poder y la corrupción.

Ha llegado el momento de dar un salto histórico. Basándonos en el aprendizaje sensato y razonable, debemos mejorar las bases institucionales de nuestra democracia. Los datos de las encuestas de percepción de la corrupción están dando la voz de alerta, si nuestros gobernantes siguen sin responder, probablemente estemos perdiendo la mejor oportunidad histórica de nuestro país para estar en el pelotón de los países social y económicamente avanzados y dejar atrás el subdesarrollo, los conflictos y la pobreza.

La sociedad civil debe exigir a los políticos y cargos públicos la defensa de los intereses comunes, y no de los suyos o los de sus respectivas formaciones políticas. La necesaria reforma de la ley de partidos políticos es igualmente necesaria y urgente, aunque por motivos de espacios, la trataremos en otros artículos.

*Antonio Parejo es abogado

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