Teresa Ribera pide a la Junta voluntad y recursos para dar «soluciones serias» a Doñana y no «engañar» a agricultores

La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha exigido a la Junta de Andalucía que deje de «engañar» a los agricultores y ciudadanos del entorno del espacio natural de Doñana, en Huelva, con una «falsa promesa» de regular los regadíos ilegales en este entorno cuando «no hay mas agua para incrementar las superficie regable con nuevas ampliaciones».

Es más, le ha tendido la mano del Gobierno central para que, en lugar de «engañar salvajemente a la gente», se busquen «soluciones serias» a la falta de agua en Doñana. «Ahí nos va a encontrar siempre», ha asegurado Ribera, quien ha lamentado que la Junta dispone de recursos para plantear alternativas pero «echamos en falta la voluntad».

Así se ha pronunciado este domingo en una entrevista con la Ser, recogida por Europa Press, donde ha criticado la Proposición de Ley presentada por PP y Vox al Parlamento andaluz para la ordenación de regadíos en el entorno de Doñana, después de que Bruselas enviase un ultimátum a España alertando de los «riesgos» de esta práctica y exigiendo explicaciones que demuestren que ese plan «no producirá efectos perjudiciales para la integridad de los espacios protegidos».

La ministra ha tachado esta PDL de un «engaño» y ha asegurado que «evidentemente el Gobierno se opondrá y utilizará todos los mecanismos legales en su mano para frenar esta iniciativa», porque, como ha explicado, «genera una falsa expectativa, se atribuye funciones que no le corresponden –como la gestión del plan hidrológico del Guadalquivir que depende de su ministerio– y engaña salvajemente a la gente».

Por ello, confía en que «podamos frenarlo, salvar Doñana, ser honestos con los agricultores y buscar alternativas». En este sentido, ha explicado que desde el Gobierno central «hemos trabajado intensamente en el trasvase de los ríos Tinto-Odiel-Piedra, en acelerar el túnel de San Silvestre y poder ofrecer agua a aquellos regadíos legales que están extrayendo todavía agua del acuífero de Doñana».

Y aquí, ha pedido responsabilidades a la Junta de Andalucía, porque «tiene recursos para buscar alternativas y capacidad de decidir dentro de los recursos de la PAC el destinarlos a actividades complementarias con peso en políticas verdes y sociales; así que tiene capacidades para encontrar alternativas viables», pero «no hay más agua» para lo que proponen PP y Vox.

Así, le ha dicho al Gobierno andaluz que «no necesita engañar a nadie ni generar esta tensión y alarma tan grande en Bruselas» –que avisa con denunciar de nuevo el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y pedir multas si no se cumple con la sentencia que obliga a proteger el humedal de Doñana–, sino voluntad y recursos para ofrecer «soluciones serias».

Cuestionada por la crítica de la Junta a la interlocución del Gobierno con la Unión Europea para explicar la ley de PP y Vox, Ribera ha arremetido contra el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, para decir que fue él quien viajó a Bruselas «a contar una trola» y «mintió diciendo que había llegado a un acuerdo con el secretario de Estado», asegurando que el Gobierno «dejó bien claro que esto –la PDL– era inviable». «Así que no entiendo a qué viene esto», ha apostillado.

Además, le ha recriminado al presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, que él «se explica clarito y pone de manifiesto que lo que está haciendo es una barbaridad ambiental, jurídica, que no tiene ningún recorrido y perjudica enormemente a los agricultores», a quien considera que están siendo «utilizados de mala manera por su propio gobierno autonómico. Creo que es de una hipocresía y cinismo que raya en comportamientos que merecen un reproche que va más allá de lo moral», ha sentenciado.

Por otro lado, y en relación con el apoyo de algunos alcaldes de la zona de Doñana a las convocatorias en defensa de los regadíos, la ministra ha recordado que lo que pretende la PDL de PP y Vox, «utilizar agua de superficie para sustituir agua de acuíferos en regadío, es lo que se hizo en 2014». Por ello, asegura que los alcaldes «se siente atrapados» porque hay vecinos que están vinculados a ese ejercicio de 2014 y cuentan con títulos legales para su actividad, y otros «para los que no se ha procurado ninguna alternativa» y ahora la Junta «les engaña con falsas promesas».

Ante esto, ha hablado de «una manipulación deshonesta a los sentimientos, de que no hay otra alternativa», defendiendo que el Gobierno central sí ha presentado un marco de actuaciones para Doñana «y vamos a encontrar recursos donde haga falta. Sabemos que la Junta dispone de esos recursos y echamos en falta la voluntad para poder encontrar soluciones serias en lugar de despejar balones y aportar falsas promesas», se ha lamentado.

Plan del Gobierno

En esta línea, la ministra de Transición Ecológica ha sido cuestionada por el plan de restauración ecológica de Doñana que anunció con una inversión de más de 356 millones de euros. Al respecto, ha señalado que se han activado 90 millones de esa inversión global, por lo que un 26% de todas las partidas presupuestarias está en ejecución en este primer trimestre de 2023.

Dentro del plan, ha explicado que el plan cuenta con distintos ámbitos de intervención, y dentro del que se basa en el cumplimiento de la norma con el cierre de pozos ilegales, ha dicho que 210 ya han sido cerrados y, «una vez que se culminen todas las garantías y se cuente con el aval de los tribunales, consideramos que hay otros 420 que cerrar».

Además, ha defendido que avance «a toda velocidad» en la sustitución de aguas subterráneas por superficiales para el abastecimiento a Matalascañas y en el acceso a agua por regadío incrementando los hectómetros cúbicos que proceden de los ríos Tinto-Odiel-Piedra. Asimismo, ha recalcado que se acaba de licitar el túnel de San Silvestre «y creemos que estará operativo en 2025».

Con todo ello, ha señalado que «esto es una prioridad absoluta» para el Gobierno central y que se sustenta en ese aviso de Bruselas para cumplir con la protección de Doñana. Así pues, ha trasladado su «compromiso total» en seguir acelerando el ritmo de las actuaciones que permitan conectar el río Guadiamar con las marismas y aumentar la calidad del agua con la mejora de las depuradoras.